Mossack Fonseca: El rol del agente residente en Panamá (I)

En varias ocasiones, sobre todo en los �ltimos tiempos, hemos visto con preocupaci�n c�mo se confunde la personalidad del agente residente con aqu�lla de las sociedades que incorporamos como parte de nuestro ejercicio profesional. Resulta ya hasta com�n encontrar titulares en los medios de comunicaci�n que responsabilizan a los agentes residentes paname�os por las investigaciones y procesos judiciales que contra sociedades paname�as se ventilan en otros pa�ses.

En ese momento, muy en lo personal me he percatado de que quiz�s hemos dado por sentado que quien recibe la informaci�n, procesa, investiga y difunde la noticia, tiene completamente claro cu�l es el concepto y la funci�n del agente residente en nuestro pa�s.

Lo realmente cierto es que quien recibe la noticia posiblemente tampoco lo tenga claro. Y cuando esta noticia, fundamentada en concepciones erradas o imperfectas alcanza la esfera internacional, el impacto que resulta es adverso a las gestiones de promoci�n que se realizan para la atracci�n de inversi�n extranjera hacia nuestro pa�s y la consolidaci�n de la reputaci�n de nuestra plataforma de servicios a nivel internacional.

De all� la importancia de que quienes act�an como fuentes calificadas de informaci�n, manejen a cabalidad estos conceptos.

Qu� es entonces la figura del Agente Residente?

En nuestra legislaci�n, la figura tiene su g�nesis en la Ley 32 de 1927, que hoy en d�a es la Ley que regula el tema de las sociedades an�nimas en nuestro pa�s. Dicha Ley, en su art�culo 2, ordinal 7, establece que toda sociedad an�nima debe tener un agente en la Rep�blica de Panam�, el cual puede ser una "persona jur�dica".

La norma tal como fue redactada dejaba abierta la posibilidad que cualquier persona, natural o jur�dica, con independencia de su profesi�n u oficio, pudiese fungir como agente residente de una sociedad an�nima.

No fue sino hasta el a�o 1966, cuando mediante el Decreto 147 de 4 de mayo de ese a�o, que reglament� la inscripci�n de ciertos documentos en el Registro P�blico, se especific� que �nicamente pod�a ser agente de una sociedad an�nima, "un abogado o una sociedad de abogados h�biles para ejercer la profesi�n".

La calificaci�n introducida por este Decreto obedeci� a que cuando quien representa a una persona jur�dica, act�a en representaci�n de ella ante las autoridades, esa representaci�n no la hace en nombre propio sino en nombre y representaci�n de una persona distinta, y este tipo de representaci�n o actuaci�n por ley est� reservada a los abogados.

As� quedamos entonces los abogados, en forma individual o colegiada, a trav�s de las firmas de abogados, encargados de la protocolizaci�n e inscripci�n en el Registro P�blico, de los pactos sociales que dan vida jur�dica a las sociedades an�nimas, con independencia de que las mismas vayan a tener operaciones dentro o fuera de Panam�.

Lo cierto es que la incorporaci�n de sociedades ha sido siempre parte de nuestro ejercicio profesional y nuestra funci�n como agentes residentes ha sido el servir de enlace entre las autoridades paname�as o terceros y nuestros clientes, sin que esto nos otorgue la capacidad para obligar y comprometer a la sociedad o la facultad para actuar en representaci�n de �sta.

Y es que la Corte Suprema de Justicia ha manifestado en varias ocasiones que los agentes residentes tenemos un deber de cooperaci�n y colaboraci�n con las autoridades competentes del Ministerio P�blico, para los fines de persecuci�n de los delitos.

Los abogados, como cualquier otra persona, estamos obligados a otorgar de oficio, cuantas notas, datos e informes nos soliciten los agentes del Ministerio P�blico cuando �stos act�en en defensa de los intereses p�blicos o como funcionarios de instrucci�n. Esta obligaci�n est� contenida en el Art�culo 391 del C�digo Judicial.

Pero esta labor de cooperaci�n no debe confundirse con una vinculaci�n del agente residente con las acciones o gestiones derivadas de las operaciones de las sociedades que incorporamos. Los agentes residentes no somos responsables por el actuar comercial de estas sociedades, por el solo hecho de fungir como tales.